En los últimos días, la economía internacional y sus diferentes episodios en el mundo han venido acaparando la atención. Desde los signos alentadores proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la recuperación ha venido desarrollándose a ritmos más acelerados de lo previsto, hasta la tragicomedia griega que ha puesto a la Europa comunitaria en una especie de jaque y que mantiene visos de afectar a otros países en ese continente; pero también a otras economías, además de representar una dura prueba a los mecanismos de decisión europeos.
También los medios informativos se han ocupado de otras importantes noticias, como la iniciativa del presidente Barack Obama de procurar la aprobación de una legislación bipartidista para regular los mercados financieros. Otro nota interesante se refiere a la sugerencia del FMI para buscar crear un impuesto que pudiera tasar ciertas transacciones y contribuir a la generación de una especie de fondo de contingencias, a fin de evitar que en futuras crisis los rescates de bancarios y financiero se hagan a cuenta del dinero público y de los consumidores, empeñando de pasada a futuras generaciones de ciudadanos que contraen cuantiosas deudas sin siquiera advertirlo, pero bajo el argumento de que era indispensable salvar a tal o cual institución crediticia o financiera en bien del sistema.
En ese universo de señales diversas y contradictorias, ciertamente la iniciativa del gobierno de Obama merece especial atención. Ya hemos sugerido en otras colaboraciones que la crisis de la economía mundial de hace dos años, la cual fue calificada por numerosos especialistas como una de las más graves en la historia, incluso más profunda que la tristemente célebre Gran Depresión de la tercera década del siglo XX, podría dar lugar a la intensificación del añejo debate entre el mercado libre y el papel del Estado tanto en el nivel teórico como en la práctica.
Sería exagerado pensar que la propuesta señalada es el epítome de este fenómeno, pero sí asoma un nuevo entendimiento desde la política sobre los resultados arrojados por el esquema imperante de mercado libre de las últimas cinco décadas.
Tradicionalmente, y dada la experiencia del llamado socialismo real, toda acción gubernamental llegó a adquirir el pestilente olor de intervencionismo estatal, autoritario casi por definición, en contra de las pretendidas fuerzas libres del mercado, y como en todo debate ideológico las ideas prejuzgaron la realidad y la comprimieron a un puñado de preceptos. En su espacio de hace unos días, Lorenzo Meyer sugería que en realidad la creación del Estado benefactor es producto de una brillante mente conservadora y que con su desmantelamiento en la década los setenta y la instauración en adelante del Consenso de Washington, así como del predominio de las teorías monetaristas y del neoliberalismo, el esfuerzo de utilizar la regulación pública en favor de la procuración de un cierto equilibrio en materia de justicia y equidad social, literalmente se fue al caño. (Reforma, 22 abril 2010).
El problema mayor es que ese tipo de libertad de mercado ha contribuido ya por numerosas décadas a acentuar los problemas de desigualdad y acumulación de la riqueza en reducidas minorías, y ha quedado claro que las fuerzas del mercado no pueden ser absolutamente libres, a riesgo de caer en la irresponsabilidad si no existen al menos reglas claras y marcos regulatorios.
En lo que muchos opinadores identifican como la segunda gran batalla política del gobierno Obama, tras la aprobación de la reforma sanitaria en el Congreso estadunidense, ese mandatario ha pedido a los grandes banqueros y financieros de Wall Street sumarse a los cambios que propone y no combatirlos ya sea por necesidad, interés o patriotismo. Cabe insistir en que Obama está lejos de ser un teórico o un socialista, pero desde una posición pragmática ha señalado que su planteamiento no se contradice con el libre mercado, pero que éste “no constituye una carta blanca para hacer lo que a cada uno le venga en gana, como ocurrió muy a menudo en los años que llevaron a la crisis”.
No han faltado los apuntes moralistas en su discurso a los poseedores del gran capital especulativo cuando les ha indicado que algunos en Wall Street se han olvidado que detrás de cada dólar con el que ellos comercian hay una familia que intenta comprar una casa, pagar la educación de sus hijos, abrir un negocio o ahorrar para su jubilación.
A partir de esta semana el Senado comenzará un debate sobre la creación de una legislación que formule mecanismos de defensa de los consumidores y a los ciudadanos en general de los errores que pueda cometer Wall Street.
En suma, se trata de crear un programa de protección diseñado específicamente para el sistema financiero, el cual establecería ciertos requisitos de reservas de capital para garantizar los depósitos y respaldar un posible deterioro de los activos de los bancos. También aumentaría la transparencia del mercado financiero y sus transacciones, y de pasada limitar la influencia de los lobbys de presión en Washington, entre otros elementos. La propuesta apunta a evitar que sea obligado el contribuyente a salir en apoyo de los bancos en caso de nuevas crisis.
Es lógico suponer que las reticencias a vencer son muchas y poderosas.
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