La crisis económica de Grecia, la cual tiene dimensiones europeas y no sólo nacionales, además de los estragos económicos y financieros que ha ocasionado, preocupa por sus implicaciones políticas. Las medidas de ajuste económico, como bien sabemos en México, no sólo implican emprender una serie de reformas económicas para corregir las finanzas públicas, sino costos políticos y sociales muy importantes. Dichos cambios afectarán inevitablemente intereses creados. Lo más importante sin embargo, y que es previsible en el corto plazo, será el redimensionamiento, por no utilizar la palabra desmantelamiento, de la estructura del Estado benefactor, lo cual podría afectar a la Unión Europea en su conjunto, si bien con distintos niveles a sus distintos integrantes.
Como se ha hecho evidente, esta crisis ha puesto en jaque a la moneda europea y también puesto de relieve la falta de cohesión política de la Unión Europea. Tal situación ha hecho proliferar dudas sobre el sistema social de protección que ha caracterizado el espacio europeo desde la segunda postguerra mundial, el cual ciertamente se benefició del gasto relativamente bajo que Europa ha dedicado al armamento, lo cual obedece, entre otros factores, a la presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el sistema balístico desplegado por Estados Unidos en territorio europeo.
Ello no demerita los logros del sistema europeo, el cual ha permitido afianzar derechos laborales de organización, planeación, ocio y retiro, la salud y la educación, entre otros aspectos, y ha permitido afianzar un sentido de equidad en sus sociedades. El problema radica en que el ajuste económico tiene implicaciones en todos esos campos. La austeridad de esas medidas tendientes a recuperar la confianza de los capitales y hacer más competitivas sus economías, se reflejarán en recortes salariales, ampliación de las edades de retiro, el incremento en las jornadas laborales y en la reducción de los beneficios en salud, pensiones, y muy posiblemente en la educación pública.
La población europea envejece rápidamente y el índice de nacimientos declina. El desempleo ha aumentado con el desplazamiento de industrias tradicionales a los países de Asia en busca de condiciones de producción más competitivas. De acuerdo con la Comisión Europea, para el año 2050 la población europea de 65 años se habrá duplicado. Cosa de considerar que en 1950 existían en promedio, siete trabajadores por cada pensionado en las economías avanzadas del continente. Para 2050 esa proporción será de 1.3 contra uno.
Más aún, se estima que el gasto social en la Unión Europea se incrementó del 16 por ciento del producto nacional bruto en 1980 al 21 por ciento en 2005, comparado con el 15.9 por ciento de Estados Unidos. En Francia, en particular, la cifra es del 31 por ciento, siendo la más alta en Europa, sin que haya habido la consecuente respuesta proporcional en materia de creación de empleos y oportunidades, por ejemplo.
A esa miríada de problemas sociales, puede asociarse un problema político que está ganando centralidad en las discusiones de algunos dirigentes europeos, el cual se refiere a los límites y fracasos de la democracia frente al empuje, por decirlo en términos asequibles, de las fuerzas del mercado libre.
En una entrevista a un diario español, el primer ministro de Grecia, Yorgos Papandreu, señalaba que la falta de transparencia y las fuerzas del mercado sin control, no sólo han tenido consecuencias en Grecia sino en el mundo, especialmente a partir de los problemas en Wall Street. Para ese mandatario “determinados actores dentro del sistema financiero utilizaron los mercados, utilizaron las innovaciones financieras, y hubo políticos que hacían lobby para impedir los controles necesarios… y eso ha provocado muchos de los problemas; están los derivados, la especulación; está la falta de transparencia.” (El País, 23mayo2010)
Papandreu, en medio de la crisis por la que atraviesa su país, entiende que esos problemas son de hecho un fallo de la democracia y de sus instituciones, y han propiciado las condiciones para ser explotados no sólo por las fuerzas del mercado en general, sino también por intereses muy específicos.
No es un tema fácil, y menos aún, cuando un político que sortea los problemas económicos de su país busca culpables. Decir que los mercados dictan sus condiciones a las democracias parece tan evidente que no merece la pena refutarlo. Más allá de esa polémica, lo que si es necesario y parece indispensable, es contar con estructuras y reglas claras que permitan el fair play como en cualquier partido de fútbol, que anule las complicidades, la corrupción y la connivencia. Es un tema del que vale la pena seguir ocupándose y que puede retomarse a partir del debate legislativo que tiene lugar en Estados Unidos, en donde se busca establecer una normatividad y un ente regulador que prevenga crisis como la iniciada a finales de 2007, la cual ha dejado muy en claro la interdependencia que existe entre las economías del mundo para los todos efectos prácticos de beneficios o perjuicios globales.
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