Los medios de comunicación tienen un papel a todas luces fundamental para fomentar y apoyar los procesos democráticos, el pluralismo y, sobre todo, contribuir a la difusión, conocimiento y enriquecimiento de la política, la economía, la sociedad y cultura en su sentido más amplio, a fin de propiciar la participación ciudadana y regular el ejercicio del poder, entre otros aspectos.
Más allá del consenso de que pudiera gozar una abstracción como la anterior, parece importante que en México se pudiera impulsar una transformación democrática de los medios de comunicación formal y estructuralmente con el objetivo de asegurar el acceso y la participación permanente de los grupos políticos, sociales y culturales, así como de los individuos en general, no solamente como receptores sino como creadores y generadores de una propuesta frente a los flujos informativos. Ello, a su vez, podría contribuir a un proceso más amplio de transmisión de la riqueza y pluralidad culturales de los distintos pueblos, sociedades e individuos a los sistemas políticos en favor de la construcción de una democracia genuina y de un sistema internacional equitativo.
En tal virtud, el esfuerzo más amplio en ese sentido tendría que ir acompañado del aliento a otros desarrollos políticos igualmente complejos, que contribuyan a alentar la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía, así como la actualización permanente de las instituciones de gobierno y la autoridad misma a través de la transparencia y la comunicación de doble flujo: de ciudadanos a gobernantes y viceversa. La formulación de una legislación más adecuada en beneficio de la ciudadanía y de su derecho a información de calidad para opinar, normar y participar en todos los asuntos públicos es esencial en este sentido. De ahí que exista un debate permanente desde hace varias décadas en favor de lo que se ha dado en llamar derecho a la información, entendido como un conjunto de normas de tipo social.
Algunos elementos que deberían incorporarse en un planteamiento general de información y participación política favorable a la democracia y su consolidación como sistema político, podrían definirse en torno a: la democratización de los medios de comunicación en nuestro país, tanto en su propiedad como en la definición de los contenidos informativos; el fomento y apoyo a los sistemas regionales de radio y televisión con el propósito de promover las culturas comunitarias a esos niveles y su vinculación con el proyecto nacional democrático; propiciar la apertura de nuevos espacios, especialmente en los medios electrónicos, al servicio de organizaciones sociales, gremiales y populares del país con un sentido que aliente la pluralidad; promover la creación de mayores espacios de televisión y radio estatales, sin detrimento de los privados, que refuercen y respalden las expresiones y manifestaciones de las culturas que integran el país, con un enfoque que las estaciones privadas no atienden por razones de mercado, y que considere las nuevas tecnologías de la información; propugnar por una redefinición de los criterios para el otorgamiento de concesiones en materia de radio y televisión; proponer una nueva legislación de medios de comunicación que considere las necesidades, problemas y retos del país en cuanto a su democracia y desarrollo, que favorezca una mejor educación y la difusión de la pluralidad cultural, social y política del país.
Para teóricos connotados como Giovanni Sartori la celebración de elecciones, entendido como poder electoral del ciudadano, constituye una garantía esencial de la democracia. No obstante, estima que la garantía sustantiva de esa democracia se encuentra en las condiciones bajo las cuales el ciudadano recibe la información y queda expuesto a la acción de los formadores de opinión. Más aún, el derecho a la información es complementario del derecho de expresión. Granados Chapa ha sugerido que no existe distingo alguno entre el derecho a la expresión y la libertad de expresión, toda vez que uno y otro derecho son la consagración jurídica del fenómeno social de la información colectiva. En resumen, uno es el derecho de los comunicadores a difundir libremente sus ideas, y el otro es el derecho de los lectores y de los espectadores para conocer esas ideas.
De ahí que el fortalecimiento de los medios de comunicación colectiva constituye uno de los elementos esenciales para lograr el desarrollo del derecho a la información, y de manera paralela el mayor acceso de los ciudadanos a estar mejor informados y tener la facultad de solicitar información sobre todas las acciones de gobierno e interés público, con el fin de fortalecer la democracia y satisfacer las crecientes necesidades de los individuos como miembros de una comunidad política.
A diferencia de lo que ocurre en México, incluso en países en los que la propiedad de los medios informativos, particularmente la televisión, es fundamentalmente privada, la información cumple una función que da cobertura a los procesos políticos y democráticos. También en países en los que el Estado es poseedor de canales de televisión, la exigencia es igualmente válida en cuanto a la importancia de que cumplan responsablemente con esa encomienda social. En México estamos lejos todavía de contar con un sistema informativo, particularmente por lo que se refiere a las televisoras, acorde con las exigencias de un sistema democrático genuino y sólido que sea el garante del desarrollo del país y de la formación de generaciones de mexicanos comprometidas con la democracia.
cartón: Gloria Mundi
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