La ciudad de Oakland, California, se convirtió esta semana en la primera ciudad de Estados Unidos que legaliza el consumo, cultivo y comercialización a gran escala de la mariguana. El gobierno de esa localidad californiana se desmarca de esta manera de la guerra contra el narcotráfico declarada por los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón, que no quieren ni oír hablar de legalización, pese al creciente número de voces que consideran que esta es la solución para acabar con las organizaciones criminales que luchan por conservar este suculento negocio, aunque sea a costa de causar miles de muertos, que, por cierto, todos caen del lado mexicano.
Su aprobación es histórica porque derriba un tabú que parecía intocable. Por primera vez un poder establecido, aunque sea local, admite que una parte de la sociedad no piensa dejar de pagar para fumar cannabis por mucho que las autoridades lo traten de impedir. La conclusión del gobierno de Oakland es, por tanto, obvia: en vez de que el dinero que pagan los compradores de mariguana se vaya íntegro a los cárteles criminales del narcotráfico, mejor que se lo queden los vendedores legales y que éstos a su vez devuelvan parte de la ganancia al gobierno local mediante el pago de impuestos.
Esta obviedad desgraciadamente no la comparte casi nadie más, al menos hasta que se compruebe que esta experiencia piloto funciona. El punto de inflexión en este estira y afloja entre quienes creen que la guerra al narcotráfico se gana con las armas y los que creen que se gana legalizando su venta podría llegar cuando esos 35,800 millones de dólares anuales que genera el negocio de la mariguana en EU acabe en las arcas públicas en vez de en siniestros bancos dedicados a lavar dinero negro de los cárteles de la droga. En otras palabras, que el dinero de este pingüe negocio se traduzca por ejemplo en obras públicas que generen empleo y beneficios a la sociedad y no se traduzca en armas para las organizaciones criminales, compra de jueces, políticos o mandos uniformados, o lujos extravagantes para disfrute de los capos de la droga.
Y no hay que olvidar el otro elemento importantísimo: si cualquiera puede ir a un dispensario de mariguana, donde despacha un honrado ciudadano que paga sus impuestos, sería absurdo buscarse uno problemas comprándola a un narcomenudista.
Una vez pasado el control del negocio de los criminales a las autoridades ocurriría lo siguiente, según detalla The New York Times: el gobierno de Oakland tiene un déficit de 31 millones de dólares y un 17 por ciento de desempleo. Cuando entre en vigor la legalización de la cannabis y estén a pleno rendimiento las cuatro “factorías” para su cultivo industrial, a partir de enero, el ayuntamiento calcula que recaudará 38 millones de dólares anuales. Así que, la ciudad no sólo habrá logrado abatir su deuda sino que tendrá beneficios, además de la creación de un nuevo puesto de trabajo: agricultores de mariguana, que van tener hasta su propio sindicato.
Muchas ciudades vecinas han puesto sus ojos en Oakland para seguir de cerca esta nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico, pero la verdadera revolución podría llegar en noviembre, cuando los californianos voten la polémica Propuesta 19, en la que decidirán si se legaliza o no el consumo de cannabis en el estado más poblado e importante de EU.
De aprobarse sería un golpe durísimo para los cárteles que comercian con esta droga, ya que su valor caería un 80 por ciento, según datos de las organizaciones que abogan por su legalización.
Sería por otro lado un golpe a la estrategia actual de los dos gobiernos contra el narcotráfico, ya que sería muy difícil mantener ante la opinión pública que vale la pena seguir con una guerra que está dejando un reguero de muertos —insisto, siempre del lado mexicano—, cuando el gobierno de Oklahoma se enriquece tranquilamente con un negocio que ha legalizado porque de todos modos nunca va a desaparecer.
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