Felipe Calderón está logrando cosas inauditas. Le han bastado cuatro años para devastar lo poco que quedaba de la planta productiva destinada al mercado interno; prácticamente barrió con la clase media y ahora, ha logrado lo que parecía imposible: aún teniendo trabajo no se deja de ser pobre.
Los indicadores presentados por el Coneval en torno a las tendencias socioeconómicas de corto plazo no dejan lugar a dudas: el número de personas que no perciben ingresos por el trabajo que desempeñan, así como las que tienen ingresos por debajo de un salario mínimo, e incluso las que se sitúan entre uno y dos salarios mínimos, viven tal situación de precariedad, que inevitablemente caen en el rango de la pobreza.
Así, mientras que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sigue jugando el papel de comparsa de la Vicepresidencia Económica, en la que Fox y su sucedáneo han convertido a la Secretaría de Hacienda, los niveles de la “línea mínima de bienestar”, así como la “línea de bienestar” siguen creciendo aceleradamente, golpeando con ello el poder adquisitivo de los más pobres
Es válido sostener lo anterior ante el hecho de que el salario mínimo creció entre 2009 y 2010 en un 4.85%, mientras que la “línea mínima de bienestar” lo hizo, para las zonas rurales, en 6.46%; y para las zonas urbanas en 6.1%. Por su parte, la “línea de bienestar” para las zonas rurales tuvo un incremento de 5.6% y en las zonas urbanas de 5.1%.
Como puede verse, entre ambos indicadores hay un desfase significativo, pues si se considera en la curva del tiempo, la pérdida del poder de compra se vuelve exponencial.
Visto desde la perspectiva del tiempo, lo que se encuentra es que de 2006 al 2009, la “línea mínima de bienestar”, es decir, ingresos para no morir de hambre, creció en el sector rural en 33%; mientras que en el urbano el incremento fue de 22%; por su parte, la “línea de bienestar”, es decir, ingresos para acceder a alimentación, educación y salud, creció en el en el sector rural, en 17.51%; mientras que en el ámbito urbano lo hizo en 15.44%.
En contraste, el salario mínimo diario, para la Zona Económica A, entre 2006 y 2009, en un 15.29%; en la Zona Económica B, en 15.54% y para la Zona Económica C, creció en 15.89%.
Estos datos explican por qué el indicador de la tendencia laboral de la pobreza ha crecido sostenidamente y llega a un valor casi 30% superior al registrado en 2005, año para el que se cuenta con la “línea base” de medición.
Si a lo anterior se agrega el hecho de que desde el primer trimestre de 2009 el número absoluto de personas “desocupadas” es decir, personas sin trabajo y que no están buscando empleo, no ha bajado de la espeluznante cifra de dos millones, el cuadro se hace aún más complejo.
En efecto, la tasa de desocupación llegó en el primer trimestre de 2009 a 4.7% con respecto a la PEA; creció a 5.1% en el segundo trimestre de ese año; creció llegó 5.7% en el tercer trimestre, y alcanzó su máximo histórico en la década con un 5.8% de la PEA.
En el primer trimestre de 2010 la tasa de desocupación registrada es de 5.3%; y con los datos disponibles, se espera que en el segundo trimestre de este año se sitúe entre 4.9 y 5.1%.
Hay también, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010, poco más de 788 mil personas con ingresos por debajo de un salario mínimo por el trabajo que desempeñan, (es decir, menos de 54 pesos diarios); más 1.62 millones de trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, (esto es equivalente a una suma que puede ir de 55 a 108 pesos al día).
Con todo esto, lo que deberíamos comenzar a reconocer es que urge una nueva política económica para el país; que los relevos en el Gabinete deberían ampliarse a la parte social; y no sólo “cambiar de nombres” sino de estrategias, pero sobre todo, de visiones sobre lo que es el desarrollo social y humano.
En ese sentido, el presidente Calderón debería asumir que la Sedesol y más aún la Secretaría de Hacienda y la SEP, no pueden ser vistas como plataformas para el posicionamiento de personalidades con aspiraciones presidenciales o para la negociación política vía el presupuesto social, sino para articular una nueva generación de políticas públicas para el pleno cumplimiento de las garantías plasmadas en la Constitución.
¿Cómo y qué vamos a informar en materia de cumplimiento de los derechos de los niños, en 2011, si más del 65% de ellos son pobres? ¿Cómo y qué vamos a informar en 2015, año en que deberíamos haber reducido a la mitad el número de pobres, meta de la cual estaremos al menos 30% lejos?
Va ser penoso llegar a este tipo de informes-país, y tener que decir ante la comunidad internacional que nos hemos convertido en un país en el que ni el trabajo nos libra de la pobreza.
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